El porqué del autogobierno

Aran vuelve a ser noticia. El Senado reconoce por primera vez su singularidad en el marco del Estatut y la Constitución con motivo del 700 aniversario del otorgamiento de la Querimònia, compendio de usos y costumbres que, junto con el aranés-occitano y la cultura propia, han determinado el autogobierno y, por tanto, la identidad aranesa, como así lo refleja la moción presentada por todos los grupos parlamentarios y que ha sido promovida por el senador Paco Boya. Que el Senado, la cámara territorial española (que, sin duda, hay que reformar para desarrollar su cometido federal), brinde este reconocimiento de forma unánime y solemne vuelve a marcar el devenir del pueblo aranés, en un contexto convulso, bajo el influjo de las interdependencias y las tensiones territoriales.

Y es que este pequeño valle ha comprendido que las identidades no se excluyen, se pueden compartir, y que las soberanías cuentan cada vez menos en la configuración de una sociedad democrática, porque impera la necesidad de la justa reciprocidad y la responsabilidad compartida, como señala el profesor Daniel Innerarity en un artículo reciente.

Hecho pues el reconocimiento, toca proyectar esta voluntad para mejorar, en lo posible, el ejercicio del autogobierno, ya garantizado por el Estatut vigente. En este sentido, la moción aprobada ayer en el Parlament recuerda lo obvio: que la misma cámara catalana tiene que trabajar, desde el consenso y el pacto, por una nueva Ley de Régimen Especial, de acuerdo con el mandato estatutario y la voluntad expresada por los grupos del Conselh Generau d’Aran.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que, como nos enseña la historia, el autogobierno no puede ser una finalidad en sí misma, sino que es el instrumento por excelencia para acercar la gestión de los asuntos públicos al servicio de la ciudadanía, en el marco de la coordinación necesaria con otras administraciones con responsabilidades en el territorio y de la cooperación estrecha con otras regiones y comarcas, como piden los alcaldes y los representantes pirenaicos de ambos lados de la frontera reunidos ayer en Bossòst para hacer del Pirineo nuestro gran espacio común.

Es un error reducir el autogobierno, entramado institucional de esa conciencia colectiva de país, a un conjunto de transferencias competenciales por parte de la Generalitat, porque, como muchas veces ha ocurrido, éstas acaban siendo nominales cuando el tutelaje efectivo está en manos del Gobierno catalán y, peor aún, no van acompañadas de la dotación económica suficiente para garantizar la prestación correcta de los servicios.

El autogobierno no puede ser una plataforma para el juego del poder o, dicho de forma más ordinaria, un mero reino de taifas, sino un medio para avanzar en tres aspectos que creemos fundamentales: 1) Asegurar y mejorar la prestación de los servicios y las competencias que ya tiene encomendados el Conselh Generau d’Aran; 2) Acordar un sistema de financiación de estos servicios y competencias más autónomo y estable; y 3) Profundizar la calidad democrática tanto de la representatividad como del funcionamiento de las instituciones de autogobierno. Tres objetivos que confluyen, al fin, en uno solo: el del esfuerzo por contribuir a un bienestar colectivo más justo y equitativo.

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